Río Negro asistirá a Alpat por cinco meses y se relanzó un plan de retiro para reducir su plantel

Río Negro confirmó una asistencia económica a Alcalis de la Patagonia (Alpat) para el sostenimiento de la producción de su planta de San Antonio.

Este aporte -que será de unos 617 mil dólares mensuales y se extenderá por cinco meses- sostendrá el llamado “acuerdo por la paz social” donde la empresa garantiza que no habrá despidos y los gremios no cumplirán acciones directas.

Ayer, la secretaria de Trabajo, Martha Avilez realizó audiencias -vía Zoom- con las partes para cerrar ese entendimiento, aunque el gremio de los químicos (SPIQYP), que concentra el mayor número de trabajadores de Alpat, se mantiene expectante, con reuniones informativas. Esperaba precisar cómo se normalizará el pago de los haberes, que se viene cancelando con depósitos semanales, y también la definición de alguna actualización de esos ingresos.

El nuevo compromiso consignó que las cancelaciones salariales se iniciarán el 4 y finalizarán, como máximo, el 20. La representación empresarial no estableció plazos reducidos porque no tiene confirmación de la fecha en que la Provincia cumplirá con la transferencia de la asistencia acordada.

En el gobierno provincial se ratificó ese apoyo, pero también se argumenta que Hacienda cumple con los trámites correspondientes para su asignación a la cartera laboral, que se encargaría del envío a Alpat. La concreción del primer desembolso fue estimada para mediados de junio.

Hace algunos días, el ministro de Gobierno y Trabajo, Fabian Gatti anunció que Río Negro diseñaba un “programa de acompañamiento” a empresas “en crisis para sostener sus puestos de trabajo” y se refirió a Alpat, con sus más de 500 trabajadores. No habló del monto de la asistencia, pero sí afirmó que la asistencia saldría de los fondos de la renegociación petrolera. Esa ley -agregó- “ofrece la oportunidad de intervenir en este tipo de situación de crisis social-económica para el sostenimiento del empleo”.

La asistencia del Estado provincial será de los 617 mil dólares requeridos por Alpat, que se abonarán en pesos y, según las últimas cotizaciones, rondarían los 710 millones de pesos mensuales y serían unos 3.548 millones por los cinco meses. La empresa pidió ese subsidio por un agravamiento de su crisis en el invierno por el impacto del costo del gas.

En marzo, Alcalis de la Patagonia elevó un plan de crisis en Trabajo por la sostenida caída de venta de la producción de su planta de carbonato de sodio. Esa situación determinó la intervención de la Provincia y un primer acuerdo “de paz social” por 60 días, que venció esta semana y exigió nuevos compromisos.

El plan de retiro vencía el próximo lunes, pero se extendió por tres semanas por la baja adhesión. La empresa ratificó que debe disminuir su planta en un centenar de trabajadores.
 
El problema estructural se mantiene porque el mercado capta la mitad de la producción mínima que necesita colocar para sostener la actividad de la planta. Por eso, Alcalis lanzó un programa de retiro para sus trabajadores, con la indemnización normada y un adicional (que crece cuando más son las cuotas).

Ese régimen vencía el próximo lunes 26 pero, en las negociaciones de Trabajo, se extendió por tres semanas ya que las inscripciones logradas son pocas. Aquellas que cumplen con los requisitos rondan la docena.

La reducción pretendida por Alpat llega al centenar de empleados, que representaría casi un 20% del total. Cerrado el esquema de retiros y en el marco de su plan de crisis, la firma podría avanzar en los despidos y, por eso, Trabajo y los gremios acordaron una mayor campaña de difusión del esquema de desvinculación.

Simultáneamente, las partes acordaron comenzar con los intercambios para las modificaciones de los convenios colectivos de trabajo, que es otra exigencia empresarial frente al nuevo escenario económico.

Para Doñate, es una «paradoja brutal»
 
El senador peronista Martín Doñate calificó de “paradoja brutal” en Río Negro que, “mientras se festeja como epopeya la futura exportación de recursos crudos por nuestra costa atlántica”, las “familias de Alpat están al borde del abismo por no poder pagar el gas”.

En una referencia al gobierno provincial, el parlamentario afirmó que “transforman en anuncios épicos la tragedia del pueblo rionegrino.”

En los últimos días, Doñate estuvo en San Antonio, se reunió con dirigentes sindicales y, luego, declaró que la administración de Alberto Weretilneck anuncia, “en un alineamiento total con Milei, como epopeya lo que en realidad es una tragedia o una burda mentira. Lo hicieron con el Hidrógeno Verde, lo hicieron con la supuesta inversión de Petronas que duró un mes y se cayó. Lo hicieron con la promesa de 30 mil millones de dólares y una planta en tierra que generaría 25 mil puestos de trabajo en Sierra Grande, y ahora lo hacen con un peaje de menor cuantía que transforma a Río Negro en servidumbre de paso de las multinacionales, para que se lleven por un caño el crudo sin dejar trabajo, valor agregado ni desarrollo.”
Además, el senador propuso que el “bono cobrado a las petroleras se use para subsidiar una tarifa energética diferencial para la industria, el comercio y las familias rionegrinas”, como también, se “convoque de urgencia al Parlamento Patagónico en San Antonio Oeste”, y que la Legislatura declare la “emergencia de la industria y la producción, con reasignación de recursos, revisión de la carga tributaria y un plan de contingencia con los fondos del bono anunciado”.

Por su parte, su par Silvina García Larruburu presentó un proyecto de comunicación donde se pide al gobierno nacional que informe sobre la situación financiera de Alpat, que es “la única productora de carbonato de sodio de Sudamérica”.

Se consulta si el gobierno nacional “prevé asistir a la empresa y qué medidas tomará”. La senadora indica que se “hace necesario que el Estado acuda a enfrentar el problema, defender la producción nacional y el trabajo de los argentinos, especialmente en sectores estratégicos como este».

R.N.