Alpat, en su plan de crisis, solicitó negociar nuevos convenios laborales y qué aporte pidió de la Provincia

Alcalis de la Patagonia (Alpat) requirió a los gremios negociar “nuevos convenios” frente a la “actual dinámica”y la “realidad del contexto laboral”.

Esta decisión se encuadra en la última nota del Procedimiento Preventivo de Crisis presentado en Trabajo, que incluye además un pedido de “apoyo” de la Provincia de 617.000 dólares mensuales por el período mayo-septiembre para “mantener al menos el nivel actual de producción” y propone preservar la fuente laboral en operación.

El plan de la empresa, con su petición económica, fue evaluada el viernes en una audiencia con funcionarios de Río Negro y representantes sindicales. Las definiciones quedaron para otro encuentro, programado para el próximo 19 de mayo en San Antonio.

En la misiva, firmada por el Jefe de Recursos Humanos, Emanuel Fernández, la empresa que está “abocada a implementar estrategias de reestructuración y optimización de costos” y recuerda que cumple con “acciones mancomunadas necesarias, pero no suficientes individualmente, orientadas a mantener la operatividad de la planta y con el objetivo de recuperar los niveles de producción y venta de equilibrio”.

Reitera que Alpat “enfrenta una situación crítica en su ecuación económica financiera”, a partir de “medidas acroeconómicas y caída abrupta de la actividad, otras por el encarecimiento de los costos de los bienes y servicios”. Particulariza que el gas natural que pasó del 40% del costo de producción a los 46% actuales, “afectando directamente la competitividad frente a productores internacionales que operan con menores costos energéticos y beneficios fiscales”.

Agrega que el precio de gas torna “inviable la operación” e “incompatible con los costos locales. Por eso, la empresa -agregó- “se ve obligada a solicitar urgentemente” a Nación, la Provincia y el municipio de San Antonio su intervención para “garantizar la continuidad operativa y preservar la fuente productiva y así los puestos de trabajo directos e indirectos requeridos para los niveles de operaciones actuales”.

Después precisa que “resulta imprescindible el apoyo” del gobierno de Río Negro para cubrir la diferencia entre el costo real y un valor competitivo de gas y, por eso, indicó que Alpat “debería recibir mensualmente 617.000 dólares”, desde “mayo hasta septiembre inclusive”.

En contrapartida, “se propone preservar la fuente laboral en operación” y “morigerar cualquier impacto económico”, resaltando que la planta “contribuye a aproximadamente el 50% de la actividad económica de San Antonio” y “frustrar un colapso de la única planta productora de carbonato en Argentina y Latinoamérica”.

Se plantea también nuevas condiciones laborales. Solicita que “resulta urgente coordinar” con los gremios “la elaboración de nuevos convenios” de Trabajo de la empresa para formalizarla en los “próximos 30 días”. El llamado a la negociación y el procedimiento recae en la cartera laboral, a cargo de Martha Avilez.

La firma propone que esas reformas debe contempla la actual “dinámica y realidad del mercado laboral”; la “adaptabilidad organizacional y operativa que refleje la estructura y dotación”, “ajustados a la demanda actual y real”. Plantea, además, un “mecanismo de diálogo tripartito entre empresas, sindicatos y Estados para garantizar la cantidad operativa”.

Finalmente, Alpat informa de la puesta en marcha de un plan de retiro voluntario, como “medida inicial” del “esquema de readecuación y reducción de la nómina estableciendo el personal necesario y organización eficiente” para el presente “nivel de producción”.

La inscripción se extenderá hasta el 26 de mayo aunque la empresa se reserva la aceptación o no de las peticiones, “teniendo en cuenta las necesidades operativas, técnicas, económicas y financieras”.

Los interesados podrán optar por diferentes esquemas, con montos adicionales a la indemnización base por sin justa causa (una mensualidad por año de antigüedad) según el número de cuotas de su pago. Se prevé un pago de “un 5% más con dos cuotas”, pasando al 10% con tres cuotas, al 20% en seis cuotas y al 32% en nueve cuotas. La aceptación de la cancelación en doce cuotas establece un 45% más la indemnización de ley.

R.N.