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Ni el libertario más optimista se sentiría hoy en condiciones de afirmar que el Gobierno podrá convivir sanamente y durante muchos meses con estas tasas de interés, en los niveles actuales de tensión cambiaria y, para peor, vetando de a varias leyes por sesión. Si a eso se le agregan, como aparecieron esta semana, acusaciones por presuntos sobornos, el panorama se agrava. La campaña electoral empezó con demasiado ruido para una administración que llegó al poder con propósitos acotados, pero ambiciosos: ordenar la macro, mejorar la seguridad y dejar atrás lo peor del pasado.
Un tropiezo importante. “No me gusta nada la imagen de un empresario escapando con un sobre de 200.000 dólares en el auto”, decía ayer un operador de La Libertad Avanza no bien se enteró del allanamiento dispuesto por Sebastián Casanello en el domicilio de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Los Kovalivker tienen años en el sector farmacéutico, están vinculados con múltiples dirigentes políticos y han financiado en los últimos años varias campañas. Ayer, como cada vez que Milei está en problemas, Cristina Kirchner reapareció en Twitter. “Che, Milei… [...] Ni siquiera te van a poder aplicar la doctrina Vialidad porque, vos Milei, ¡sí que sabías!”, dijo, y le recordó al Presidente que Jonathan, hermano de Emmanuel y presidente de la droguería, tenía fotos jugando al paddle con Mauricio Macri en Nordelta. No se lo iba a perder. Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, es quien presentó esta semana la denuncia que impulsó la investigación.
En el entorno de Milei hay una perturbación creciente. ¿Hasta dónde llegará el escándalo? La pregunta es recurrente entre los libertarios, principalmente allí donde hay menos información, en la periferia del triángulo de hierro. ¿Hay alguien pidiendo sobornos? “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, dijo anteayer Guillermo Francos, jefe de Gabinete, delante de empresarios en el Consejo de las Américas.
Las incógnitas parten desde el audio que desencadenó el escándalo: ¿es 100% genuino?; ¿quién filtró esa grabación tomada de manera ilegal en un encuentro informal con Diego Spagnuolo, acaso editada, y por qué eligió difundirla justo en el momento en que se discutía el veto de la emergencia por la discapacidad, dos semanas antes de las elecciones bonaerenses? El asunto es particularmente sensible porque da en el centro de la interna: el audio menciona a Karina Milei y a los Menem, el ala ganadora en el armado de listas luego de meses de confrontación silenciosa con el equipo de Santiago Caputo. ¿Puede entonces haber sido fuego amigo? El origen de las acusaciones y la magnitud del daño ocasionado dejan entrever que los interesados en la difusión del caso podrían estar en realidad fuera del Gobierno. O en las intenciones de algún exaliado.
Por lo pronto, la primera mención sobre el asunto apareció hace exactamente un año, en una denuncia que Alejandro Sebastián Díaz Pascual, un abogado que conduce la ONG Arco Social, entidad que se define a sí misma como “en formación”, presentó contra Spagnuolo, los Menem y la droguería Suizo Argentina por los contratos de provisión de medicamentos. Díaz Pascual es un emprendedor desconocido. Ha integrado los directorios de algunas empresas de bajo perfil, como la gastronómica Team Cook SRL, la organizadora de ferias DiCaprint SA, la inmobiliaria Bari Negocios y la tienda de artículos para el hogar Colchón Center. Tiene, además de esta, otras cuatro denuncias presentadas contra funcionarios del Gobierno con la misma ONG y en distintos momentos: entre ellos a Santiago Caputo, a Horacio Marín, a Luis Caputo, a Santiago Bausili y a Sandra Pettovello. Por eso es difícil imaginar fuego amigo.
Para los empresarios también fue una bomba. “Una mala sorpresa, porque este gobierno viene a cambiar las cosas”, la definieron en lo más alto de una cámara. No intuyen nada bueno y será inevitable que crezca la incertidumbre en el mercado. Todavía esperan que este aumento en las tasas de interés sea solo momentáneo, hasta que baje la presión sobre el dólar, probablemente después de octubre. Pocas veces han estado tan pendientes de unas elecciones legislativas. En los bancos piensan lo mismo: que, pasado este trance, seguramente haya una normalización de los encajes y la tasa de interés. Sekoia Agente de Valores, un broker bursátil conducido por argentinos y radicado en Uruguay, publicó ayer un durísimo reporte sobre los costos que supone le traerá a la economía la política monetaria y cambiaria del Gobierno. El informe incluye de todos modos un final alentador: “A mediano plazo, sin embargo, seguimos siendo optimistas: creemos que las elecciones ayudarán”.
Es también lo que piensan Milei y su ministro de Economía. El Presidente lo dijo en el Consejo de las Américas. “Superadas las elecciones, terminado el riesgo kuka, la tasa de interés va a bajar”, planteó, y cerró el discurso con una exhortación a votar: “¡Nunca más el kirchnerismo!” La primera fila reaccionó con un aplauso. Entre ellos Eduardo Eurnekian, hombre fuerte de la entidad organizadora, la Cámara Argentina de Comercio. Ese respaldo no es, sin embargo, incondicional. Parece más bien una aprobación a la primera parte de gestión de Milei, valorada principalmente por el logro del equilibrio fiscal, y rechazo furibundo a la parte de la dirigencia argentina propensa a políticas que puedan ponerlo en duda. Ya Mario Grinman, presidente de la entidad anfitriona, había abierto esa mañana el foro con una crítica inusual a los legisladores que venían de votar contra el veto del Gobierno a la ley de emergencia en la discapacidad: dijo que ese tipo de iniciativas que requieren aumento en el gasto le daban “asquito”.
Es el punto de encuentro entre los empresarios y la Casa Rosada. Las disidencias se oyen más bien al detenerse en las circunstancias de cada sector. La microeconomía. O en las cuestiones corporativas. Federico Sturzenegger, otro de los invitados al Consejo de las Américas, aprovechó el ámbito y el auditorio para recordarle a Grinman que estaba en completo desacuerdo con el recurso de amparo que la Cámara de Comercio presentó contra el decreto que elimina el aporte obligatorio de las empresas al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). El ministro lo define como un “privilegio ilegal” que favorece a las cámaras y perjudica a las empresas. “Sería muy bueno que bajaran la cautelar”, le dijo a Grinman, que contestó incómodo: “No va a ocurrir”. Sorprendido, Sturzenegger decidió entonces dejarlo en evidencia. “La casta se defiende con uñas y dientes”, dijo al auditorio. El caso Spagnuolo permite ahora preguntarse si además estará escondida en rincones impensados.
Por Francisco Olivera
La Nacion
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