Viedma y el concepto de capitalidad

El gobernador Mario José Franco, que ejerció su cargo desde el 25 de mayo de 1973 hasta el golpe de estado de 1976, encarnó una voluntad política con una enorme sabiduría —propia de quienes tienen sus raíces en el campo más fértil de nuestro pasado— que trascendió los límites de su gestión: la de evitar que Río Negro replicara el modelo centralista porteño. Este modelo, como es sabido, originó un sistema hegemónico, oligárquico y exportador de materias primas sin agregado de valor, que condicionó la construcción de una Argentina para todos. En efecto, Franco comprendía que el verdadero federalismo no radicaba simplemente en distribuir cuotas de poder, sino más bien en fundar equilibrios duraderos y, por ende, en afirmar la autonomía de las provincias como expresión concreta de la soberanía nacional.

De acuerdo con este ideario federal, Franco, hombre de pensamiento profundo y de convicciones firmes, admiraba a Juan Manuel de Rosas, figura que, a su juicio, sintetizaba las dos columnas del proyecto nacional: el federalismo y la soberanía como sustento clave de un país verdaderamente libre, independiente e integrado. Precisamente en esa visión se anclaba su convicción de que Río Negro debía consolidar su identidad política mediante un acto que fijara, de una vez por todas, su centro de equilibrio institucional. Por consiguiente, en la plataforma electoral del Partido Justicialista de 1973, Franco incorporó una definición estratégica y con un costo electoral que no desconocía. Contra la opinión de muchos, no dudó en comprometerse explícitamente en su etapa como candidato para promover a Viedma como capital inamovible de la provincia.

No fue, de ningún modo, un gesto meramente simbólico, sino sobre todo una decisión de alta política que buscaba fundar un Estado con un poder político emancipado de los condicionamientos económicos y demográficos de la región mas desarrollada. Franco sabía, de hecho, que si el poder político seguía las mismas lógicas de concentración del modelo centralista porteño, Río Negro imitaría, en escala interna, el mismo desequilibrio que históricamente había condicionado el desarrollo nacional.

Su liderazgo, además, coincidió con un momento político singular: Franco fue el primer gobernador electo sin proscripciones en la historia provincial. Este hecho confirió a su gestión una dimensión reparadora. Por lo tanto, comprendió que la capitalidad debía surgir no de una imposición, sino de un consenso amplio que representara la madurez del sistema político rionegrino. Para esta tarea, confió la misión de llevar el proyecto al parlamento a un hombre de su máxima confianza: el viedmense Dante Scatena.

La Ley 852, que el legislador Scatena impulsó con habilidad y una enorme cuota de pasión, fue aprobada por unanimidad el 20 de octubre de 1973. Esta votación demostró que los dirigentes, alcanzando la unanimidad más allá de sus diferencias partidarias y propias de los naturales localismos, habían comprendido la necesidad de cerrar el proceso inconcluso heredado de 1957. Nuestra primera Carta Magna había fijado que Viedma sería residencia de las autoridades “hasta que una ley especial determinara la capital definitiva”, dejando a la provincia en un limbo jurídico y político durante dieciséis años.

La sanción y promulgación inmediata de la ley por parte de Franco, realizada en el mismo Centro Municipal de Cultura donde sesionó la Legislatura, y refrendada por todos sus ministros, constituyó un acto institucional de una enorme envergadura. Fue la culminación de un camino que dotó a Río Negro de su forma definitiva y selló su madurez política hasta nuestros días.

En paralelo, la decisión obtuvo la máxima validación nacional. Juan Domingo Perón, que apenas unos días antes había asumido su tercera presidencia, siguió el proceso con especial atención. No era casual: Perón había sido quien, en los primeros años de la década del cincuenta, puso en marcha el proceso de provincialización de los territorios nacionales. Por eso su mensaje grabado, que se escuchó antes del cierre de la jornada, felicitando a Franco y al pueblo de Río Negro no fue un simple gesto protocolar, sino un reconocimiento histórico al cierre de una etapa que el mismo Perón había iniciado y el golpe del 55 había dejado inconcluso.

El 20 de octubre de 1973, por lo tanto, Río Negro alcanzó su plenitud institucional. La Ley 852 no solo definió una capital: fundó un orden territorial, consolidó la identidad de una provincia que, desde su nacimiento, había estado suspendida entre la legalidad y la indefinición.

En síntesis, el acto de capitalización completó el proceso de organización del Estado provincial y dio sentido a la idea que unió, en distintas etapas, a Edgardo Castello y Mario Franco: la de una provincia equilibrada, sin regiones hegemónicas, con un poder político asentado en la tradición y en los fundamentos de su historia, y en un todo, orientado hacia el porvenir de la provincia. Desde entonces, el 20 de octubre no solo recuerda una ley, sino una voluntad de Estado. Fue el momento en que Río Negro dejó de ser un proyecto en ciernes para convertirse en una provincia con conciencia plena de su destino, evitando replicar hacia adentro el modelo centralista que ha predominado en la Argentina, en desmedro del desarrollo general del país y de todas sus capacidades, en una clara demostración, además, de un sesgo profundamente rionegrino.

Por Pedro Pesatti