Estiman que los fondos propuestos por la oposición sólo cubrirían el 10% del costo fiscal para aumentarles a los jubilados

¿De dónde se sacará el dinero para pagarle el aumento a los jubilados? Pese al enojo oficial, que declamó públicamente que la oposición no daba opciones para hacer frente a ese nuevo gasto, la ley aprobada en el Congreso sí aportó fuentes de financiamiento. Sin embargo, según informes privados, el aporte “estimable” que llegaría a las arcas oficiales serviría para solventar apenas alrededor de un 10% del costo fiscal que tiene el alza de haberes previsionales y del bono.

Un informe de la consultora Empiria, que conduce el exministro de Economía, Hernán Lacunza, concluyó que las fuentes “estimables” propuestas por la oposición para financiar el aumento a los jubilados recaudarían 0,1% del PBI. El costo fiscal de la medida, indicó el mismo informe, orillaría el 1% del producto. Los números del oficialismo para este año lo ubicaban en 0,9% del PBI. En Empiria estimaron que al aporte al fisco es prácticamente “simbólico”.

“Las fuentes de financiamiento explicitadas en los proyectos aprobados no parecen de recaudación sencilla ni directa, sino más bien algo simbólico, buscando cumplir un requerimiento burocrático”, cuestionaron en la consultora que dirige el exfuncionario.

El oficialismo también denunció que los fondos sugeridos por la oposición para impulsar las medidas no está ni cerca de ser suficiente. “El nivel de irresponsabilidad es superlativo. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian no cubren ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza”, escribió hoy en su cuenta de X Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

LA NACION consultó esta mañana por datos oficiales de la Secretaría de Hacienda que conduce Carlos Guberman, pero en el Ministerio de Economía no respondieron a las consultas de este medio.

Según Empiria, el proyecto que aprobó el Senado se financiaría con la derogación de exención de IVA a las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas. “Se estima impacto bajo o nulo”, indicaron.

Además, con la derogación de beneficios impositivos (Ganancias e IVA) a los contratos de garantía recíproca, que sumaría un 0,03% del PBI y las modificaciones presupuestarias necesarias para readecuar los $ 32.616 millones del programa presupuestario correspondiente a la SIDE, que podrían aportar solo un 0,004% del producto.

Las modificaciones presupuestarias para reducir el programa presupuestario correspondiente a los servicios de la deuda pagarían 0,06% del PBI. No hay una estimación, en tanto, para los ingresos generados por entes cooperadores transferidos al Tesoro Nacional.

“Incluso tomando las fuentes como verosímiles, los montos potenciales lucen insuficientes (0,1% del PBI las “estimables”) para cubrir los costos estimados de la reforma planteada, que orillan el 1% del PBI. Sobre el proyecto de discapacidad y la moratoria previsional, los artículos ligados al financiamiento simplemente facultan al jefe de Gabinete y a la Oficina de Presupuesto del Congreso a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para asegurar el costo del proyecto. Distinto es el caso de los proyectos presentados por los gobernadores (ATN y combustibles), ya que lo que se demanda es el traspaso de fondos desde Nación hacia las provincias, sin mencionar sustitutos para reemplazar esos recursos en las arcas nacionales”, dijeron.

 Otro documento de la misma consultora dio cuenta del costo fiscal de las medidas. El proyecto de ATN saldrá 0,05% del PBI solo este año; el impuesto a los combustibles, 0,15%; las jubilaciones, 0,9%; la moratoria previsional, 0,03%; y discapacidad, 0,4% del producto.

Este año, el impacto es de 1,5% puntos del PBI, prácticamente la promesa de superávit que el Gobierno le hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI). En rigor, es del 1,6% del PBI. En un año completo, el costo es de 2,5% del producto, según Empiria. Es el mismo costo que informaron tanto el presidente Javier Milei como también el ministro de Economía, Luis Caputo, en los últimos días ante el inminente debate.

Fuentes curiosas
En el cuadro de situación de lo aprobado ayer aparecen datos por los menos curiosos. Por caso, hay fuentes de financiamiento sugeridas por la oposición en ese proyecto que podrían incluso reducir la recaudación de impuestos de ARCA. Uno de los casos es la mencionada exención que tienen los directores (en caso de Sociedades Anónimas) o gerentes (SRL) -el cargo estatutario de administrador de sociedades, que a veces tienen CEO o directores generales- de pagar el IVA.

Hoy, los honorarios que cobra un director o síndico están exentos de IVA (a pesar de ser autónomos que pagan Ganancias). El profesional no puede descontar el IVA que paga en sus gastos relacionados con su función (asesoría legal, contable, entre otros). Ese IVA se le convierte en un costo. La empresa que le paga no puede tomar como crédito fiscal el IVA de esos honorarios, porque no hay IVA en la factura. Con la reforma, esos honorarios pasarían a estar gravados con IVA al 21%. ¿Qué implica esto? Que el profesional podría empezar a descontar el IVA de sus gastos (o sea, ese impuesto deja de serle un costo) y que la empresa que le paga podría tomar el IVA del honorario como crédito fiscal y descontarlo del que genera por sus propias ventas. Según tres tributaristas, ARCA no ve un peso nuevo e incluso podría perder recaudación. En la oposición no negaron esos cálculos, pero estimaron que –por la dinámica del impuesto- podrían sumarse 0,14% del PBI (la mitad del gasto tributario que aparece en la “separata” adjunta en el proyecto de presupuesto aprobado en 2023 y prorrogado hasta hoy).

“Hoy hablábamos con Santiago Bausili de esto. Los ‘nacionales y populares’ destrozando el financiamiento a las pymes y la producción nacional. No pueden haber quedado más en evidencia ayer”, posteó en su cuenta de X el ministro de Economía, Caputo, hoy.

Citaba los comentarios del economista Salvador Distéfano, sobre otra fuente de financiamiento incluida en el proyecto. “Son tan burros algunos legisladores que ayer aprobaron la derogación de los beneficios de las SGR, lo que atenta contra el crédito a la producción”, dijo.

“Claramente, nuestros legisladores no tienen idea de lo que es el financiamiento a la producción. En buena medida es entendible, ya que los gobernadores le cobran ingresos brutos al financiamiento a empresas y personas”, escribió Distéfano en la misma red social.

Por Francisco Jueguen

La Nacion