El juicio por la expropiación de YPF entro en una etapa clave para Argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso que se suspenda, de manera preventiva, la orden de entrega de las acciones de YPF, dando un respiro en la causa. A raíz de esto, ya no corre el plazo de 72 horas dictado por la jueza Loretta Preska.
Previamente, el lunes, todas las partes involucradas había informado estar de acuerdo con la suspensión, de manera preliminar, de la orden dictaminada por Preska.
“El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”, dijo Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal, en su escrito.
Fallo YPF: qué apeló la defensa argentina
En medio del conflicto legal, la defensa Argentina apeló en paralelo dos decisiones de la Justicia:
La sentencia de primera instancia que obliga al país a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más los intereses a los fondos Burford Capital y Eton Park.
El pedido de Preska que exigía la entrega del 51% de las acciones de YPF.
Según Infobae, la presentación de esta apelación fue realizada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.
“No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”, expresó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista del tema. La indemnización ordenada por la jueza Loretta Preska en primera instancia asciende a 16.100 millones de dólares.
El fallo fue emitido por Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, 10 días atrás y dio lugar al pedido de los demandantes. La apelación del Gobierno, firmada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, se presentó sin esperar la decisión sobre el pedido de “stay”, una solicitud del equipo legal argentino para suspender la ejecución de la sentencia mientras se sustancia la revisión del caso, según Infobae.
Los fondos demandantes sostienen que el Estado no lanzó una oferta pública de adquisición para comprar las acciones del resto de los socios ni permitió el cobro de dividendos, lo que afectó el valor de esas tenencias.
El juicio surge por la expropiación de YPF en 2012 y un fallo que obliga a Argentina a pagar US$16.000 millones
El conflicto judicial se originó en la expropiación de YPF en 2012.
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Preska falló contra Argentina y le ordenó pagar US$16.000 millones por no haber respetado el estatuto de la empresa al nacionalizar las acciones de Repsol sin hacer lo mismo con otros accionistas, como el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de la compañía.
Los fondos Burford y Eton Park adquirieron los derechos de litigio del grupo Petersen y fueron beneficiados por el fallo, cuyo monto actualizado supera los US$17.750 millones, con intereses.
Frente a la falta de pago, los demandantes comenzaron a ejercer presión judicial, pidiendo entre otras medidas la entrega de las acciones de YPF en poder del Estado. Este pedido obtuvo respaldo judicial de Preska, pero ahora está en revisión.
El presidente Javier Milei se refirió al fallo la semana pasada: «El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir».
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