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En la última sesión, la Legislatura de Río Negro sancionó diversas leyes que incorporan regulaciones en materia de acceso a la salud y a la educación, reconocen celebraciones provinciales y establecen nuevas fechas conmemorativas en el calendario oficial.
02/10/2025En primer lugar, se aprobó la norma que reglamenta las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios públicos de salud y educación superior en la provincia. La ley establece aranceles para residentes transitorios y quienes cuenten con autorización de residencia precaria.
Dispone la creación de un Fondo Especial para la Salud Pública, destinado a financiar la atención en hospitales y centros de salud, adquirir equipamiento médico, capacitar personal y sostener programas sanitarios.
De igual modo, fija un arancel en la educación superior para los mismos grupos, cuyos ingresos conformarán un Fondo Especial para la Educación Pública, orientado a infraestructura y funcionamiento de establecimientos educativos. La norma garantiza atención en casos de urgencias y emergencias, y faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de reciprocidad con otros países.
Además, se otorgó carácter de fiesta provincial a la “Fiesta de la Inclusión”, que se realiza en la primera semana de diciembre de cada año en la ciudad de Villa Regina, incorporándola al calendario oficial de celebraciones provinciales.
También se instituyó el 24 de septiembre como Día Provincial del Agente Sanitario, con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación.
Por otra parte, se sancionó la ley que declara el 21 de abril como Día Provincial en Conmemoración del Papa Francisco, invitando a los municipios a adherir y promover actividades en reconocimiento a su legado.
Modifican la ley 1844 para reconocer las condiciones laborales de choferes de ambulancias
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves en primera vuelta y por unanimidad una modificación a la Ley 1844, con el fin de ampliar y reconocer las condiciones laborales de los choferes de ambulancia.
Lorena Matzen (UCR), autora de la iniciativa junto a su par de bloque Ariel Bernatene, señaló que a través de su propuesta se compensa “una situación de inequidad que existe desde hace muchos años”.
“La figura del chofer ha adquirido una dimensión trascendental en nuestro sistema de salud, siendo pilar fundamental del equipo de respuesta pre-hospitalario y de traslados de pacientes entre jurisdicciones locales e interprovinciales”, mencionó
Añadió que “esto le ha exigido a cada conductor formarse para el desarrollo de destrezas y habilidades que le permitan resolver las diferentes situaciones de emergencias. Implica que el chofer de la ambulancia no sólo tiene responsabilidad en la conducción de la misma, sino directamente en el traslado de pacientes en estado crítico que exigen una respuesta con celeridad, eficiencia y absoluta precisión”.
Entendió que “el chofer es parte de un equipo de respuesta de intervención para situaciones complejas y en escenarios diversos: siniestralidad vial, rescate vehicular y manejo inicial del trauma; soporte vital básico-avanzado, reanimación cardiopulmonar; dispositivos de riesgo previsible para la cobertura de eventos de masiva concurrencia; incidentes que involucran a víctimas múltiples y escenarios de desastres, entre otros”.
Otro de los puntos especiales del proyecto es la resolución y precisión respecto al reconocimiento de bonificaciones, régimen de horas extras, indumentaria, capacitaciones y seguro adicional.
Además se crea el cargo de jefe de choferes y contralor del parque industrial que tendrá, entre sus funciones, tomar los recaudos que fueren necesarios para lograr una correcta y eficaz prestación del servicio, remitir planillas mensuales de tareas realizadas en el parque automotor y todos los informes que se le requieran, planificar la distribución de tareas en forma equitativa entre los choferes que componen el cuerpo, cuidando de no resentir el servicio. Se propone que dicho cargo sea elegido mediante concurso de aspirantes, quienes deberán acreditar su especial aptitud para el desempeño de esas funciones.
Tras desear que en la segunda vuelta se puedan incorporar algunas modificaciones propuestas por el bloque Vamos con Todos, Ayelén Spósito expresó que los choferes “son un eslabón fundamental en la cadena de la salud”, aunque resaltó que “al no tener condiciones laborales dignas muchas veces no pueden realizar bien su trabajo”.
Aprueban eliminación de tasas en procesos judiciales destinadas a Sitrajur
La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta el proyecto que busca eliminar una contribución obligatoria del dos por mil sobre el monto de juicios contenciosos o voluntarios, destinada al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur). La iniciativa se aprobó por mayoría, con 34 votos a favor y 9 en contra.
El oficialismo justificó la eliminación de esta contribución con el argumento de que se trata de una “carga obligatoria impuesta a terceros totalmente ajenos a la actividad sindical” y que no existe una contraprestación o beneficio para quienes la abonan.
La autora del proyecto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), explicó que la iniciativa busca eliminar un “impuesto encubierto” o “peaje sindical” que la ciudadanía rionegrina debe afrontar para iniciar un proceso judicial. Mansilla sostuvo que esta contribución incrementa los costos para litigar, “violando el principio de que la justicia debe ser lo menos gravosa posible y al alcance de todos”.
Mansilla argumentó que no corresponde al Estado establecer obligaciones en exclusivo beneficio de una entidad sindical, la cual debe “autosolventarse” a través de sus afiliados. Aseguró que el proyecto se fundamenta en los principios de igualdad y de legalidad tributaria, buscando liberar a la sociedad de este pago que considera “totalmente injusto”. Para los rionegrinos, el costo de este aporte debe ser “cero peso”.
Lucas Pica (JSRN) calificó el financiamiento como “anómalo” y “contra natura”, destacando que Río Negro es la única provincia con una contribución de estas características. Afirmó que la contribución es un “privilegio” y que la derogación constituye una “reparación histórica para los 750.000 rionegrinos que son potenciales pagadores de esta tasa”.
Pica criticó que el Sindicato se negara a informar cuánto dinero recauda anualmente por este concepto, estimando que “la cifra actual podría superar los 200 millones de pesos anuales”. Sostuvo que la derogación no afecta la actividad gremial, ya que el gobierno actual ha fortalecido la negociación colectiva.
El legislador Santiago Ibarrolaza centró su intervención en la necesidad de garantizar un acceso más asequible a la justicia para los rionegrinos y en la coherencia de la reforma propuesta. Sostuvo que la contribución nunca debería haber existido porque es “injusto” y “arbitrario”.
Felicitó a la legisladora Mansilla por el “coraje de avanzar con un proyecto de ley que en algún punto representa a muchos de los abogados que litigamos en esta provincia”. Destacó la situación común en la que los ciudadanos (“doña Rosa”) se ven obligados a pagar varios costos al iniciar una demanda, incluyendo la tasa de justicia, el aporte al Colegio de Abogados y el “bono de Sitrajur”. Argumentó que estos costos, en conjunto, provocan que las personas, especialmente “los que menos tienen,” decidan no presentar sus reclamos y “se da vuelta y se va a la casa” sin iniciar ninguna demanda.
El legislador Javier Acevedo (CC Ari- Cambiemos) acompañó la derogación, señalando que la medida busca la “equidad frente a la ley y el derecho del ciudadano a poder litigar sin costos arbitrarios”. Indicó que los sindicatos deben sostenerse con aportes de sus afiliados, mediante “mecanismos legítimos, voluntarios y no con un mecanismo de impuesto encubierto”.
Acevedo propuso, junto con el legislador Santiago Ibarrolaza, que para la segunda vuelta se incorpore la derogación del artículo 135 de la Ley 5731, el cual otorga un aporte similar a los Colegios de Abogados.
Por el bloque Pro Unión Republicana, Juan Murillo, sostuvo que el ciudadano no debe tener que pagarle a Sitrajur para acceder a los tribunales.
Argumentó que esta contribución constituye un “privilegio”, y que el financiamiento de los sindicatos debe provenir de los trabajadores que “eligieron afiliarse, los que voluntariamente se afilian”. Enfatizó que el aporte es injusto porque afecta a las personas que acuden obligatoriamente al Poder Judicial y a la ciudadanía en general.
Finalmente, concluyó que la derogación corrige un “error que, reitero, creo que nunca tendríamos que haber discutido porque nunca tendría que haber existido”. El proyecto busca que la justicia sea “lo más accesible posible”, garantizando que ningún ciudadano tenga que pagar un “tributo injusto para ejercer un derecho básico que es el acceso a la justicia”.
Afirmó que “la justicia tiene que ser un derecho para todos y no un negocio gremial”. El orador aclaró que la medida no es “en contra del gremio, ni de los gremialistas ni de los trabajadores, sino es poner las cosas en orden”.
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, enfocó su intervención en la naturaleza del aporte obligatorio a Sitrajur, calificándolo como un privilegio injusto que no beneficia al ciudadano común.
Consideró que la discusión central era sencilla: “definir si se está de acuerdo o no con que los rionegrinos paguen un porcentaje (el 2 por mil) a un sindicato cada vez que tienen un conflicto patrimonial”. Argumentó que el aporte constituye un “privilegio” y una “cuestión de casta sindical, ya que las organizaciones gremiales deberían financiarse con las cuotas de los afiliados que voluntariamente deciden sumarse, no de la ciudadanía general”.
Sostuvo que el 2 por mil se destina exclusivamente al uso del sindicato y no beneficia a los trabajadores judiciales. Indicó que la ley busca que los ciudadanos no paguen un porcentaje a un sindicato que no los representa, que no conocen, y que ni siquiera tiene “las ganas de explicarle cómo o en qué la gastan, ni cuánto ni cómo”.
Negó que el proyecto busque “hacer arrodillar al sindicato o menoscabar los derechos laborales”, argumentando que el gobierno provincial ha ampliado derechos, como devolver la zona desfavorable y la antigüedad.
López enfatizó que el proyecto no está diseñado para resolver la crisis del sistema de justicia. Su único objetivo es derogar el 2 por mil que paga cualquier rionegrino que no tiene nada que ver con el sindicato. Además, criticó la actitud de la oposición, señalando que buscan hacer un “circo” con un “escenario mentiroso de la polarización” para engañar a los rionegrinos.
Reafirmó que el propósito del proyecto es “sacar un privilegio que tiene un sindicato”, insistiendo en que el sindicato debe buscar el financiamiento mediante el aporte de sus afiliados.
Voces opositoras
La legisladora Magdalena Odarda (VcT) habló extensamente en contra de la medida, criticó que el proyecto “viene lamentablemente a romper la paz social de esta provincia y simplemente ataca a los trabajadores judiciales”. Argumentó que el 2 por mil es un “costo mínimo que se destina a fines sociales y sanitarios, como cobertura de farmacia, estudios bioquímicos, alojamiento social y paritarias”.
Odarda aseguró que la derogación rompe con los principios de libertad sindical y negociación colectiva y compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Enfatizó que las verdaderas “barreras de acceso a la justicia son los obstáculos económicos, las costas judiciales exorbitantes, y la impunidad en casos sensibles de la provincia”.
Leandro García (PJ-NE) coincidió en que el proyecto “no resuelve ninguno de los problemas que se pretenden resolver” respecto al acceso a la justicia, y que la eliminación de este aporte solamente reduciría los costos de inicio de demanda en un 20%. García sugirió que el objetivo real es “disciplinar o intentar disciplinar un sindicato que critica la gestión gubernamental”.
Luciano Delgado Sempé (VcT) criticó que el debate se enfoque exclusivamente en derogar el 2 por mil a Sitrajur, en lugar de tratar una “reforma integral de la justicia”. Acusó al oficialismo de ser “coherente” al observar que “siempre atacan al trabajador y defienden a las corporaciones”, cuestionando por qué no se discutían los altos sueldos y viáticos del Superior Tribunal ni los honorarios de Fiscalía de Estado.
Aseguró que el verdadero propósito del proyecto es “disciplinar o intentar disciplinar un sindicato” que denuncia las deficiencias del gobierno y que no se arrodilla.
Ana Marks (PJ-NE) también se manifestó en contra, señalando que las decisiones legislativas siempre tienen valoraciones políticas. Sostuvo que la eliminación del 2 por mil es una “voluntad de dificultar la actividad gremial”. Cuestionó que eliminar este costo “mejore el acceso a la justicia”, argumentando que el problema de acceso se relaciona con la alta tasa de justicia y las demoras del Poder Judicial.
Señaló que la premura por tratar el proyecto ocurre poco después de que la Organización Internacional del Trabajo notificara una queja sobre posibles vulneraciones a derechos sindicales. Concluyó que el proyecto es parte de una matriz de pensamiento que busca “disciplinar” y debilitar a los trabajadores, empobreciendo a los judiciales al eliminar beneficios directos de salud y recreación.
El legislador José Luis Berros (VcT) calificó el proyecto como un “intento de silenciar y disciplinar a las organizaciones sindicales”. Sostuvo que el 2 por mil no es ningún privilegio, sino un derecho de los trabajadores, y que los fondos se destinan a fines sociales y sanitarios, como la cobertura de farmacia y estudios.
Sostuvo que la derogación perjudica a las familias de los trabajadores judiciales al poner en riesgo beneficios y los alojamientos sociales provistos por el sindicato. Enfatizó que el 2 por mil no es la verdadera “valla de acceso al Poder Judicial,” sino las costas judiciales exorbitantes y los casos de impunidad.
Surgieron dudas en un proyecto enviado desde el Ejecutivo
Un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura generó algunas dudas en la sesión de este jueves, pese a lo cual se votó por mayoría. El mismo autoriza al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) a donar una parcela a la Municipalidad de Sierra Colorada, para que se construya allí una vivienda.
El legislador Carlos Valeri explicó que esa tierra “es un remanente de un loteo y plan de viviendas que se ejecutó” y añadió que esta iniciativa “va a permitir regularizar la situación”.
Aclaró que si en el plazo de 36 meses la unidad habitacional no se construye el inmueble vuelve a potestad del IPPV.
Posteriormente el legislador Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), ex intendente de esa localidad, mencionó que el lote había sido otorgado inicialmente a EDERSA para que instale una oficina (lo que finalmente no sucedió). Ante ello fue luego cedido a un vecino “para que tenga su vivienda”. No obstante admitió que no se solicitó el permiso correspondiente al IPPV.
Tras ello Pilquinao opinó que la actual Jefa comunal de Sierra Colorada, Marta Ignacio, quien fue la que solicitó ahora esa parcela, “debió pedir previamente la documentación pertinente a la persona que hizo la inversión”. Afirmó que lo que allí sucedió “fue una usurpación”. “Apenas comienza la gestión se lo otorga a un familiar y se lo quita al anterior por no pensar ideológicamente como ella”.
Mientras se estaba votando la iniciativa, la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) advirtió que en el expediente no constaba ninguna situación irregular y requirió una aclaración.
En ese momento tomó la palabra Facundo López (JSRN), quien subrayó que no existe irregularidad en el expediente: “Se entrega un terreno para construir una vivienda, como otras seis que se entregarán en estos días. Si hay algo que la gente necesidad es vivienda, si hay algo que el gobierno nacional no hace es vivienda”.
Finalmente Soraya Yauhar (JSRN) afirmó que “hay una ordenanza que establece el tiempo que tiene para construirse la unidad, y esos tiempos ya estaban agotados”.
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